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(El Universal) El Congreso mexicano aprobó la madrugada del 15 de octubre una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para obtener este recurso de protección constitucional... y en Estados Unidos existe preocupación al respecto.

El timing de esta reforma resulta especialmente sensible; toda vez que en 2026 está programada la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de los países firmantes y las fricciones por el tema del amparo podrían colarse en la agenda bilateral. Funcionarios estadounidenses ya han dejado entrever que plantearán sus preocupaciones en los canales diplomáticos y comerciales correspondientes.

La US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos) subrayó su expectativa de que México garantice un clima propicio para la inversión.

Incluso antes de su aprobación definitiva, durante un foro realizado en septiembre pasado, Susan Clark, presidenta de la US Chamber, recordó que el éxito de la asociación económica entre ambos países depende de la certeza jurídica.

De cara al futuro, México y Estados Unidos deben reafirmar sin reservas los valores compartidos de la libre empresa, el Estado de derecho y la democracia que han sustentado la prosperidad mutua, señaló, y agregó que hacerlo es una cuestión de principios y de buena política.

Para la US Chamber, la reforma al amparo no es un asunto menor ni técnico; toca el nervio mismo de la confianza que las empresas necesitan para arriesgar capital y por ello el organismo se ha mostrado dispuesto a dialogar al más alto nivel para reconducir la situación.

En México, la American Chamber of Commerce (AmCham), que agrupa a más de mil 400 empresas de capital estadounidense establecidas en el país, también fijó una postura pública contundente; la AmCham advirtió que cambios como el del amparo comprometen la certidumbre jurídica y la independencia judicial, elementos que considera esenciales para seguir invirtiendo en México.

Como empresas invertidas en México y generando millones de empleos desde hace décadas, vemos en la reforma judicial riesgos en su independencia? incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y generación de incertidumbre para la inversión, alertó la AmCham a través de un posicionamiento formal.

El gremio empresarial binacional ha hecho hincapié en las obligaciones internacionales que México debe honrar. Recordó que en el Anexo 23-A del T-MEC México se comprometió a tener tribunales laborales independientes, y que el Capítulo 31 del mismo tratado consagra mecanismos de solución de controversias comerciales.

Nota original: EL UNIVERSAL