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Como un avance fundamental en la defensa de la dignidad humana y el fortalecimiento de las instituciones locales, el pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó el dictamen impulsado por la diputada local Arlette Muñoz, el cual busca garantizar una atención especializada, digna y humana a víctimas de trata.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora subrayó que esta iniciativa, presentada hace un año, surge ante un delito devastador, motivo por el cual las acciones en Aguascalientes no deben limitarse únicamente a castigar a los culpables, sino que es una obligación ética proveer un acompañamiento sensible y profesional a las víctimas y a sus familias.

"La trata de personas representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos; vulnera la dignidad, destruye proyectos de vida y coloca a las víctimas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Debemos reconocer que quienes sufren este delito enfrentan no solo sus secuelas directas, sino también procesos institucionales complejos, dolorosos y, en muchas ocasiones, revictimizantes", enfatizó Arlette Muñoz.

Con la aprobación de este dictamen, la legislación de Aguascalientes se armoniza con la Ley General en materia de Trata de Personas. El principal eje de la reforma radica en establecer la obligatoriedad para que todo el personal de seguridad pública, procuración de justicia, sector salud y servicios sociales que intervengan en estos casos reciba capacitación especializada bajo cuatro criterios transversales:

? Perspectiva de género: Para atender las particularidades y vulnerabilidades de cada caso.

? Interculturalidad: Respetando la diversidad cultural y el origen de las víctimas.

? Derechos humanos: Como eje rector de toda actuación gubernamental.

? Interés superior de la niñez: Un principio prioritario e indispensable para la protección de menores.

Arlette Muñoz puntualizó que estas herramientas permitirán que los servidores públicos actúen con profesionalismo, empatía y absoluto respeto a la dignidad humana, robusteciendo de manera decidida la capacidad institucional y la coordinación del estado de Aguascalientes frente a las problemáticas sociales.